Todo ciudadano (a) tiene derecho a:

• SOLICITAR  información de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.
  
  
• RECIBIR  información completa, acceso, información y comunicación de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías con acciones con participación estatal.
  
  
• ACCESO  gratuito a la información en el que no se requiere reproducción de la misma.
  
  
• SOLICITAR, RECIBIR Y DIFUNDIR  información de los miembros de la administración del Estado.
  
  
• CONOCER  los proyectos de regulaciones y otras disposiciones de carácter general que rigen las relaciones entre los particulares y la administración.
  
  
• OBTENER  información sobre los servicios que ofrece el Estado, requisitos costosos.
  
  
• SABER  la estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión, y bases de datos de la administración pública.
  
  
• CONOCER  sobre los presupuestos y los cálculos de los recursos y los gastos, la evolución y el estado de ejecución.
  
  
• TENER  información sobre los programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión.
  
  
• ESTAR AL TANTO sobre las licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados.
  
  
• ACCEDER  a la nómina del Estado y sus remuneraciones.
  
  
• CONOCER  la declaración jurada de los funcionarios del Estado cuando su presentación corresponda por ley.
  
  
• RECIBIR  información sobre el listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros.
  
  
• SABRE  sobre el estado de las cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos.
  
  
• BUSCAR  las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier tipo de normativa.
  
  
• SOLICITAR Y RECIBIR oportunamente cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto público.

Cumplir con la Ley 200-04 y el Decreto 130-05, el acceso a la información se hará efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública o el derecho a la privacidad y la La intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás.